Las creencias religiosas forman parte del ámbito privado de las personas, pero con una clara proyección pública y social. A la par, los poderes públicos deben garantziar la separación entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, actuando con neutralidad.

El mandato de los poderes públicos incluye, al mismo tiempo, la obligación de crear las condiciones adecuadas para que la libertad religiosa de las personas sea real y efectiva. Este planteamiento, definido como laicidad positiva, conlleva obligaciones positivas en la gestión pública para crear las condiciones que hagan posible la protección de la diversidad en general y de la diversidad religiosa en particular.