Tras un proceso de 3 años, en julio de 2022 el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP-Roma) juzgó por el crimen de Ecocidio y Genocidio Cultural al Estado brasileño que con el apoyo de estados extranjeros y empresas transnacionales han tenido una acción directa en la ocupación depredadora del Cerrado (sabana brasileña) y el consecuente genocidio cultural de sus pueblos. En este contexto, la Articulación de las Mujeres del Cerrado ha denunciado que sus cuerpos son territorios desproporcionadamente afectados por este proceso de expolio, mientras que ellas organizan resistencias y proyectos emancipatorios a partir de sus propias experiencias.