Desde hace más de diez años, Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional colabora con la asociación AMLUDI en la erradicación de la violencia contra las mujeres en Sololá

Paz Miguel Somalo

Sololá es un departamento rural de Guatemala situado al Sur Occidental del país. Desde el año 1996, varias mujeres de esta región decidieron dar respuesta a una realidad que más que cesar, aumenta año tras año: la violencia de género. Entre 2005 y 2015, se registraron aproximadamente 6.370 feminicidios en Guatemala. Tan sólo en el departamento de Sololá, durante el año 2015 se interpusieron 1.920 denuncias por violencia contra las mujeres, según datos del Ministerio Público del país. Aún así, los impedimentos jurídicos, sociales y de accesibilidad que tienen las mujeres para denunciar a sus agresores dificultan que esto suceda.

De la mano de Vitalina Diaz Cruj y otras mujeres de Sololá se creó la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, AMLUDI. Esta organización, con sede en San Lucas de Tolimán, trabaja en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres que viven en zonas rurales. Desde 2009, con la colaboración de Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional, la organización brinda protección a mujeres víctimas de violencia machista. AMLUDI integra, a día de hoy, servicios de defensa legal, pero también proporciona atención psicológica, orientación social y atención médica (cuando se requiere) siguiendo los lineamientos del protocolo estatal para la atención de víctimas de violencia. Igualmente, realizan labores de incidencia política, sensibilización y de concienciación sobre los derechos humanos de las mujeres.

Gemma Marrón, abogada con experiencia en violencia de género y miembro en del Colegio de la Abogacía de Álava (ICAA), viajó el pasado mes de marzo a Sololá (una semana antes que estallara la crisis de la COVID-19) para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla AMLUDI. Este viaje forma parte  de un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, llamado "Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala".

Con la ayuda de la abogada del proyecto, Margarita Choguaj, y el resto de trabajadoras de la asociación, pudo conocer la labor que realizan y los impedimentos jurídicos y sociales que tienen las mujeres para denunciar. “Cuando llega una mujer a la oficina de la asociación se le atiende según sus necesidades, dependiendo de si quiere denunciar o solamente quiere atención psicológica”, explica la abogada del ICAA.

Desde esa primera toma de contacto, las trabajadoras de la asociación informan a la mujer de sus derechos y de los mecanismos que existen para denunciar. “El trabajo de sensibilización es esencial porque la violencia machista está muy normalizada en Guatemala y las mujeres no conocen sus derechos”, asegura Gemma Marrón. En muchas ocasiones, según la abogada, la normalización de la violencia, sumada a la dependencia emocional y económica son las causas de que se retiren las denuncias o de que no se lleguen a formalizar.

Guatemala cuenta con una serie de mecanismos jurídicos para la protección de las mujeres, pero los datos de violencia contra ellas reflejan su escasa efectividad. “Existen organismos dedicados a la denuncia de estos delitos, pero no son accesibles para las mujeres de áreas rurales, que tienen a su cargo un promedio de cuatro o cinco hijos”, asegura Marrón. En la mayoría de los casos, la mujer no tiene con quién dejar a sus hijos y tampoco tiene recursos económicos para acceder hasta las ciudades. Sololá es uno de los departamentos más pobres del país, con un índice del 75% de pobreza y un 30% de pobreza extrema.

“La burocracia jurídica de Guatemala es muy compleja, no está integrada y supone un gran impedimento para que las mujeres denuncien”. Según Gemma Marrón, el organismo judicial donde se presentan las denuncias por violencia de género son los Juzgados de Paz. Aunque estas instancias se encargan de resolver denuncias por delitos menores, en la práctica muchas mujeres de Sololá se dirigen a este juzgado porque es más accesible, está en San Lucas de Tolimán, y su funcionamiento es más rápido. “Esta instancia proporciona a la mujer desde el primer momento una pequeña pensión y asegura el distanciamiento del agresor”, explica la abogada.

“Aunque en muchas ocasiones el distanciamiento y la pensión no son proporcionales al delito, según la abogada Margarita Choguaj, a veces resulta lo más práctico”, explica Marrón. En caso de considerarse un delito mayor y de que la mujer afectada estuviera de acuerdo en continuar con la denuncia, se elevaría a otras instancias como el Ministerio Público. Sin embargo, de acuerdo al Sistema de Medición de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la impunidad en este tipo de delitos es del 90%.

“Este complicado sistema judicial hace más necesario el proyecto que lleva a cabo AMLUDI”, explica la abogada alavesa. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las mujeres en Sololá además de sufrir altos niveles de violencia machista, también padecen otras violencias estructurales como el analfabetismo, el bajo acceso a la educación y la escasa independencia económica, lo que las distancia más del sistema judicial de Guatemala. “La figura de la abogada, en este caso de Margarita Choguaj, es muy importante porque ayuda y acompaña a la mujer en el proceso, además de la defensa legal”, asegura Marrón.

La actual situación provocada por la covid-19 ha agravado aún más la vulnerabilidad de las mujeres de la región. A partir del 16 de marzo se establecieron toques de queda, restricciones de horarios en establecimientos e instituciones públicas y se paralizó el transporte público. Según Raquel García, cooperante de Solidaridad Internacional en Sololá, estas medidas siguen activas a día de hoy, ya que la curva de contagios se ha acelerado. La pandemia ha supuesto graves obstáculos para las mujeres víctimas de violencia de género, que tienen que estar encerradas con sus agresores y que no cuentan con vías activas para interponer denuncias ni para su protección.

A pesar de todos los impedimentos, AMLUDI, de la mano de organizaciones como Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional, sigue trabajando en mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales de Sololá. Según Gemma Marrón, la necesidad de conocimiento de los derechos de las mujeres, en ambos sexos, es esencial para el avance en la lucha contra la violencia de género. “La sensación general que me llevo del viaje es que existe una teoría en cuanto a la violencia machista en Guatemala, pero falta ponerla en práctica”, finaliza la abogada.