Se leerá mañana un manifiesto para que el gobierno vasco reconsidere su decisón. El recurso que funciona desde 2002 presta asesoramiento jurídico a los inmigrantes sin recursos suficientes.
El programa Heldu para inmigrantes desaparecerá el próximo mes de julio. Este servicio de asesoría jurídica para extranjeros dejará de funcionar en apenas unas semanas, por lo que mañana mismo sus 23 trabajadores anunciarán qué acciones llevan a cabo para evitar el cierre de las oficinas. Al parecer, los empleados no descartan incluso iniciar movilizaciones.
Heldu, dependiente del Gobierno Vasco, funciona sólo para asuntos de extranjería y para personas que no tengan recursos económicos, que no puedan costearse un abogado o que lleguen derivados de los servicios sociales. Su puesta en marcha se impulsó en 2002 con el primer Plan Vasco de Inmigración y cuenta con tres oficinas, una en cada capital, con abogados y personal jurídico administrativo. Y aunque la que tiene una mayor actividad con la recepción de dos tercios de las consultas es la de Bizkaia, lo cierto es que en Álava también se ve con muy buenos ojos por este colectivo, y en Gipuzkoa también funciona con gran aceptación.
Precisamente por esto, la decisión ha sorprendido al tejido social del territorio. Y es que la existencia de este servicio suponía una vía irremplazable de ayuda, sobre todo para aquellos extranjeros sin papeles en peores circunstancias de desamparo. De hecho, la futura desaparición de Heldu en todo Euskadi ya ha generado los primeros temores en algunos colectivos sociales que tratan con inmigrantes, puesto que aseguran que la función que este programa desempeñaba complicaba la labor de las mafias y favorecía la atención a inmigrantes con un grave riesgo de exclusión social o padecen una clara vulnerabilidad social. A partir de ahora se ve con incertidumbre la posibilidad de que este tipo de organizaciones clandestinas aprovechen esta decisión del Gobierno Vasco para hacer más prolífica su actividad.
En la actualidad, en este servicio se trata fundamentalmente la llamada irregularidad sobrevenida. Es decir, la de aquellos inmigrantes que, al haber estado en paro más de seis meses en un año, no pueden renovar su permiso de residencia. Esta realidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios a raíz de la crisis. Así las cosas, las personas que acuden a este servicio son asesorados por un abogado que les orienta sobre las tramitaciones que deben realizar como la presentación de la documentación en fecha, la exigencia de documentos que acrediten su lugar de residencia y su trabajo.
Los trabajadores de Heldu denuncian "un nuevo cierre de un servicio público", como el de la atención sanitaria de los ambulatorios los sábados, por lo que mañana presentarán un manifiesto para apoyar su continuidad.