La redistribución de responsabilidades afecta a seis planes. El edil de Servicios Sociales explica que ahora son dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social

El punto y final a muchos convenios de colaboración entre asociaciones que trabajan en el ámbito social y las principales instituciones del territorio histórico ha puesto en un brete la continuidad del trabajo desarrollado por muchas organizaciones asistenciales. La renuncia a prolongar los acuerdos bilaterales, quizás motivada por la influencia real de la crisis en la merma presupuestaria de las diferentes administraciones, no es un hito nuevo. Ya a finales del pasado ejercicio, la noticia saltó en la sede consistorial gasteiztarra tras conocerse la renuncia a la renovación de media docena de pactos que facilitaban fondos a varias asociaciones que realizaban su labor en el ámbito sociosanitario de la provincia. Entonces, el Ayuntamiento de Gasteiz defendió que la supresión de seis convenios en el área de Servicios Sociales estaba motivada por el reparto competencial pactado con la Diputación alavesa de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales. El edil de Intervención Social, Peio López de Munain, defendió esta actuación frente a las críticas del PNV, que le acusó de haber actuado con "falta de sensibilidad" en este ámbito. Munain justificó que en el proceso de negociación con el Instituto Foral de Bienestar social (IFBS) se suprimieron unos convenios dirigidos a presos que estaban subvencionados por la Diputación, el Ayuntamiento y la entidad que los gestionaba porque "según el reparto competencial" le correspondían a la primera. Así, el Consistorio retiró su participación en estos convenios en los que se quedó la Diputación "pero como contrapartida", el centro de Día Estrada, que también disfrutaba de una subvención a tres bandas con Diputación, Ayuntamiento y la entidad gestora, lo asumiría el Consistorio. 

El edil socialista insistió en que las citadas acciones son producto del reparto competencial en el que ambas instituciones van avanzando "poco a poco", cambios con los que se pretende alcanzar "un equilibrio económico" que no motivará "en ningún caso" la perdida de calidad en los servicios. Munain puso como plazo la recta final del próximo 2010 para que Ayuntamiento y Diputación hayan terminado de decidir todo lo relacionado con este asunto.