Nos ha llegado este documento que queremos compatir con todas las entidades del tercer sector.

"A los trabajadores y trabajadoras del Sistema Vasco de Servicios Sociales que hemos firmado este escrito nos preocupan algunas de las medidas y actitudes expuestas por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. En algunos casos, esta preocupación llega a la indignación y, por medio de este escrito, queremos hacer públicas algunas opiniones al respecto.

En esta ocasión no vamos a entrar en el contenido material de las medidas que se están tomando. De hecho, entre las personas firmantes del mismo puede haber distintas ideas al respecto, más o menos coincidentes con, por ejemplo, el traslado de la gestión de las ayudas económicas del Sistema de Servicios Sociales a Lanbide o la mayor exigencia en los requisitos de padrón para el acceso a las prestaciones económicas. No, en este caso queremos denunciar las estrategias que se están utilizando para vender a la ciudadanía la necesidad de estos cambios y analizar algunas de sus consecuencias. Se trata de comentar tres cuestiones que nos parecen importantes y elevar una solicitud al Gobierno Vasco respecto a cada una de ellas.

El fraude, o cómo construir una mentira.

Antes de que quien lea este escrito ponga el grito en el cielo, diremos que sí, que estamos seguros de que hay algunas personas que se están aprovechando del sistema de prestaciones sociales y que debemos hacer todo lo posible para evitarlo. Ahora bien, también afirmamos que cuando la consejera Gema Zabaleta habla de fraude no sabe de qué está hablando, ni le importa. No existe, que nosotros conozcamos, un estudio mínimamente fiable que establezca el nivel de fraude real a nivel de Comunidad Autónoma. En realidad al Gobierno Vasco le importa tan poco la realidad y tanto la opinión que, en vez de realizar un estudio de calidad al respecto, prefiere gastar el dinero en hacer una encuesta telefónica en la que personas anónimas opinan si existe fraude o no. Una mayoría –un 64%-- defiende que se ha extendido un mal uso de las prestaciones sociales2. ¿Quiere esto decir que existe fraude? Si se hubiera hecho una encuesta sobre la forma de la tierra en el año mil habría resultado que la tierra es plana. Pero no importa, el titular está creado y la opinión generada.

En declaraciones recientes hemos visto cómo se considera que no coger el teléfono “apunta a una táctica por evitar la comunicación con Lanbide para aceptar una oferta laboral”3 Y, si alguien se interesa por conocer los entresijos de los llamados “protocolos contra el fraude” que existen en algunos municipios de la CAV, comprobará que en gran medida estos protocolos constituyen el proceso habitual de instrucción de un expediente en el que se comprueba el cumplimiento de los requisitos. Según una noticia de prensa, por ejemplo, “el Ayuntamiento detectó 277 actuaciones fraudulentas a cargo de otras tantas familias, lo que provocó la denegación o suspensión de las Ayudas de Emergencia Social”4. Es decir, también las solicitudes denegadas se consideran fraude (recordemos que estas personas no han cobrado ni un duro).

Es decir, la estrategia básica para construir la mentira de que existe fraude generalizado es atribuir de forma automática la voluntad de engañar de las personas beneficiarias o solicitantes de estas ayudas. En relación a las prestaciones económicas, eres culpable hasta que demuestras lo contrario.

Al respecto solicitamos que el Gobierno Vasco, antes de seguir hablando de fraude, ponga encima de la mesa un estudio al respecto donde haya dicho previamente a qué llama fraude (tipificar situaciones) y que esté sometido a criterios metodológicos avalados por profesionales investigadores independientes (en la UPV encontrarán, sin duda, personas muy dispuestas a ayudarles). Mientras tanto seguiremos afirmando que la verdad es sólo toda la verdad y que el Gobierno Vasco miente reiteradamente.

El padrón municipal y el control a los pobres.

Posiblemente, recordamos que no hay estudios fiables, los dos tipos de fraude más frecuentes son los ingresos no declarados y las inscripciones incorrectas en el padrón (vivir en un lugar y estar empadronado en otro para poder acceder a las ayudas). Respecto a los ingresos, analizar todas las implicaciones de la economía sumergida en nuestra sociedad y en relación a las prestaciones sociales daría como para una tesis. No vamos a profundizar ahora pero si alguien quisiera realizar un estudio al respecto, le proponemos que una de las hipótesis sea analizar si no es verdad que el sistema castiga más a quien es objeto de explotación laboral que a quien le explota.

El caso de los empadronamientos incorrectos es, ciertamente, un problema histórico. Sabemos que hay casos de personas que utilizan esta estrategia para poder acceder a una VPO, para poder acudir a los servicios sanitarios de una u otra comunidad autónoma, para beneficiarse del permiso para aparcar en zona OTA, para cobrar pensiones de la Seguridad Social o del INEM, para que un hijo o hija pueda acudir a un determinado colegio, para que salga mejor la declaración de la renta, o, directamente para evadir impuestos empadronándose en Andorra aunque se resida 11 meses y medio al año en la CAV. Ahora bien, la ley contra la exclusión social obliga a los Ayuntamientos a comprobar la residencia efectiva de la persona solicitante de ayudas económicas. Es decir, en el caso de los/las pobres, la residencia se debe comprobar, para el resto se aplica la Ley de Bases de Régimen Local donde dice que “el Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio [y] sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.

Al respecto solicitamos que el Gobierno Vasco regule o, en caso de no tener competencia al respecto, solicite la regulación de una gestión de los Padrones Municipales que evite las inscripciones indebidas con criterios universales. Mientras tanto creemos que debe hacerse la “comprobación efectiva” de la residencia en todos los procesos administrativos en que influya la situación de empadronamiento y no solo en aquellos destinados a familias pobres.

La (des)confianza entre la ciudadanía y la administración.

Quienes firmamos este escrito queremos comunicar nuestro hartazgo por tener que oír y leer continuamente lo mal que hacemos nuestro trabajo. Desde el Gobierno Vasco, con la propia Consejera como máxima portavoz, no se desaprovecha oportunidad para afirmar que los Servicios Sociales no controlamos nada, no cumplimos nuestras obligaciones o que establecemos los criterios que nos da la gana. Una vez más afirmamos que todas estas declaraciones se hacen sin saber de qué se habla y metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Desde el Gobierno Vasco se pretende justificar el paso de la gestión de las prestaciones sociales a Lanbide a base de criticar cómo se está haciendo ahora. Pues bien, en nuestra opinión el trabajo realizado por el conjunto de los Servicios Sociales es de un enorme mérito si tenemos en cuenta el contexto en que lo hacemos. Este contexto se define por la indefinición de nuestras competencias, la escasez de personal, la falta de sistemas de información integrados, la escasa valoración profesional, la falta de herramientas consensuadas para diagnosticar, la improvisación permanente en la redacción de normativas, el nulo compromiso en este ámbito de otros sistemas como el de Salud, el de Vivienda o el Judicial. Es decir, consideramos que si alguien ha demostrado no realizar su trabajo de forma competente es la Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales en cuanto que es quien tiene el encargo de organizar un sistema de servicios sociales mínimamente digno de llamarse “sistema”. Los servicios sociales que atendemos a la ciudadanía o tramitamos sus demandas no solo no somos culpables sino que somos víctimas de esa incompetencia.

Pero más que permitirnos este pataleo por sentirnos injustamente tratados, queremos señalar nuestra preocupación por las consecuencias de todo esto en el futuro de los Servicios Sociales públicos. Partimos de la convicción de que la confianza entre administración y ciudadanía es una condición sine qua non para el desarrollo de servicios públicos de calidad (de servicios sociales y de cualquier otro servicio). Sabemos que la falta de confianza mutua --la ciudadanía no confía en que la administración haga bien su trabajo y los administradores no confían en que la ciudadanía ejerza bien sus obligaciones y derechos-- es una característica en los países del sur de Europa, incluido el nuestro. Sin embargo creemos que los Servicios Sociales de la CAV habían ido generando un cierto nivel de confianza. Posiblemente había una cierta predisposición a vernos con buenos ojos por el trato directo con las personas que caracteriza nuestro labor y por la sensibilidad social hacia los temas que son objeto de nuestro trabajo (cuidado de personas dependientes; seguridad de personas maltratadas; atención a personas marginadas), aunque nos gusta creer que el buen hacer profesional de la mayoría de nosotros y nosotras también ha contribuido a establecer esa confianza.

Pues bien, las declaraciones continuadas de la Consejera criticando y despreciando nuestra labor ha minado esa confianza. El daño está hecho y se ha producido en la línea de flotación del Sistema. No estamos hablando de una situación coyuntural, sino de tirar por tierra el mayor valor que se había conseguido en muchos años de trabajo de mucha gente.

No tenemos ninguna duda de que esta responsabilidad es compartida con otros agentes sociales entre los que destacaremos a los medios de comunicación por su falta de rigor a la hora de ofrecer información (y su colaboración en generar opinión), a los gobiernos anteriores y también de algunos de nosotros o nosotras que, seguro, podíamos hacer mejor nuestro trabajo. Pero, si estamos señalando continuamente el papel de la Consejera, es porque hoy por hoy, se haya dado cuenta o no, ella es la máxima responsable del Sistema Vasco de Servicios Sociales. No creemos que exista empresa en el mundo en la que su máxima responsable salga a diario a la palestra a decir lo mal que trabaja su organización.

Respecto a este punto no sabemos muy bien qué solicitar al Gobierno Vasco. Algunas de las personas firmantes creemos que la Consejera debería irse, sin más. Sin embargo también creemos urgente que terminen de una forma “digna” alguna de las cosas que tienen entre sus manos como, por ejemplo, el desarrollo de la Ley que tienen pendiente, aprobando la Cartera y el Mapa de Servicios Sociales que está pendiente y sin los cuales la actual ley de Servicios Sociales es papel mojado. Por cierto, que sea una Cartera lo suficientemente concreta como para evitar que cada Ayuntamiento, Diputación o Entidad Social siga haciendo lo que pueda o quiera. La obligación del Gobierno es ofrecernos un contexto que nos permita trabajar en condiciones y no la está cumpliendo. Sabemos que el circo político no se lo va a poner fácil pero ¿no se trataba esto de profesionales que hacen bien o mal su trabajo?

En la CAV, a 21 de septiembre de 2011

1-Según la Ley12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el sistema Vasco de Servicios Sociales está integrado por prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad pública (básicamente, de los Ayuntamientos y de las Diputaciones) y de titularidad privada concertada (algunas empresas con ánimo de lucro y muchas entidades sociales). En este sistema trabajan personas con muy distintos perfiles profesionales (personal administrativo; educación social; psicología; trabajo social; personal sanitario, sociología, derecho...) y en situaciones laborales muy distintas (personal de empresas contratadas por la administración, de entidades convenidas, personal funcionario, personal laboral de refuerzo, etc.)

2 - Noticias de Alava. 20 de agosto de 2011.

3 - El Correo. 18 de septiembre de 2011.

4 - Noticias de Alava. 9 de noviembre de 2010."